“...Con base en lo expuesto, esta Cámara concluye que la normas que establecen la obligación de pagar el impuesto a las empresas mercantiles y agropecuarias, su base imponible y la determinación del tipo impositivo, establecidas en los artículos 3, 7 y 9 del Decreto 99-98 del Congreso de la República violan los principios de que los impuestos deben estructurarse conforme a la equidad y justicia tributarias y atendiendo a la real capacidad de pago del contribuyente, el principio de igualdad y las garantías de prohibición de confiscación de bienes y de tributos confiscatorios. De esa cuenta, y atendiendo a razones de seguridad y certeza jurídica, debe declararse su inconstitucionalidad por lo que resultan inaplicables al caso concreto por contravenir la Carta Magna...”